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Emplazada la Corte Suprema por beneficios a represores

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Agrupaciones de DDHH y otras organizaciones entregaron carta cuestionando “supremazos”. Inquietud por acusación constitucional.

Equipo ES. Hasta la Corte Suprema nuevamente llegaron los familiares de las víctimas de la dictadura cívico militar para demostrar el rechazo a los fallos de la Segunda Sala Penal que entregaron beneficios carcelarios a siete reos de Punta Peuco.

En ese marco, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos (AFDD), la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), junto a Revolución Democrática (RD), la Fundación Víctor Jara y la Confederación de Trabajadores del Cobre, entregaron una carta dirigida a Haroldo Brito Cruz, presidente de la Corte Suprema, donde exigen “verdad, justicia, reparación, y no impunidad” para los violadores de derechos humanos.

La presidenta de la AFEP, Alicia Lira, indicó que “hemos dicho basta, hemos tenido una infinita paciencia en el largo proceso de búsqueda de verdad y justicia, hemos tenido una enorme paciencia frente al poder judicial que fue cómplice de los crímenes de la dictadura, pero que se reivindicó con muchos jueces que son honorables y que buscan la verdad y la justicia, pero denunciamos a los que se hicieron cómplices, porque han entregado condenas de crímenes comunes para criminales de lesa humanidad y ahora entregan beneficios”.

“Ninguno de los condenados a cooperado en la búsqueda de nuestros familiares, nunca dieron información, nunca han tenido gestos de humanidad y la sociedad chilena lo sabe, sabe que ellos no se arrepienten y es más reivindican sus crímenes. Nosotros no tenemos odio ni queremos venganza, estamos llenas de compromiso y amor y nadie nos quitará la esperanza de saber toda la verdad y de obtener toda la justicia”, recalcó la dirigenta.

En tanto, la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, recalcó que “si lo que ocurrió en la Segunda Sala Penal fue un cambio de doctrina, y por lo tanto no se considera el cúmulo de normas internacionales de derechos humanos, qué es lo que se considera. ¿Se consideran los alegatos, pataleos y presiones que hacen los genocidas y sus abogados, que defienden el terrorismo de Estado? O vamos a considerar el derecho internacional humanitario, que dice que esto en los países nunca más puede volver a ocurrir”.

“Esperemos que los ministros de la sala penal hayan escuchado el gran rechazo nacional e internacional y el gran repudio que ha provocado su irresponsable actuar”, subrayó.

Asimismo, el director ejecutivo de la Fundación Víctor Jara, Cristián Galaz, señaló que “esta lucha que estamos dando es de crucial importancia, porque después de 45 años se condenó a los responsables de la muerte de Víctor Jara y Littré Quiroga y no queremos ver en un tiempo más que estos nueve condenados salgan libres bajo esta mirada de algunos ministros de la Corte Suprema”.

“Esperamos mucho más de la justicia, este es un capítulo más de impunidad para estos criminales de lesa humanidad y no merecen los beneficios que se le están dando. Estamos dando una pésima señal a las nuevas generaciones con esto. No queremos más impunidad en Chile”, añadió el activista.

En tanto, el presidente de RD, Rodrigo Echecopar, dijo que “hemos querido venir a acompañar porque se necesita un apoyo transversal para la búsqueda de verdad y justicia, porque tenemos una responsabilidad con nuestra historia, porque tenemos que terminar con la impunidad para lograr justicia y para asegurar que esto nunca vuelva a pasar en nuestro país”.

En la misiva, que fue apoyada por decenas de firmas, las agrupaciones destacaron que la entrega de beneficios a violadores de derechos humanos es “una situación extremadamente dolorosa y, desgraciadamente, nos lleva a recordar los terribles 17 años de la dictadura cívico-militar, época en la cual el Poder Judicial fue cómplice del plan criminal desplegado por quienes dirigieron esa dictadura, una de las más nefastas y tristes de nuestra historia”.

“Nos cuesta comprender cómo sujetos que no tienen consciencia de los crímenes causados, no tienen consciencia del daño causado y justifican, hasta el día de hoy, la comisión de crímenes de lesa humanidad, se encuentren corregidos y rehabilitados para su incorporación a la vida en sociedad, como lo exige el artículo 1º del Decreto Ley Nº 321 de 1925, que establece y regula la libertad condicional”, aseveraron en el texto.

Y exigieron que “los juzgadores que concurrieron a tales decisiones reflexionen, por sobre todo desde el derecho y desde lo ético, acerca de las decisiones adoptadas, ya que ellas afectan el deber de sancionar crímenes de esta naturaleza que tiene nuestro Estado y el deber de reparar integralmente a las víctimas”.

Suprema se complica

Frente a la acusación constitucional que están preparando los diputados de la oposición en contra de los ministros que concedieron la libertad a los criminales de lesa humanidad, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, dijo que “están en su derecho de expresar su opinión, de la misma manera que los jueces tienen el derecho de expresar sus opiniones que se expresan en las sentencias”.

Y explicó que la medida “va a generar condiciones más complicadas, más extremas de funcionamiento, pero no hay más que trabajar en esas condiciones (…) son las circunstancias que hay que vivir nada más”.

Consultado por si esta solicitud podría atemorizar a los jueces, Brito resaltó que “la usarán si reúnen las mayorías, tendrá el desarrollo que se pueda, pero yo no quisiera hablar de amedrentamiento porque yo entiendo que esta es una cuestión de debate público y amedrentar es una expresión demasiado dura que yo no tengo por qué atribuirle a los familiares de las víctimas, ni organizaciones de ningún tipo”.

El máximo tribunal, en tanto, revocó la libertad condicional que se le otorgó a Luis Felipe Polanco Gallardo, coronel en retiro del Ejército condenado por crímenes contra los derechos humanos durante la dictadura y que había beneficiado tras el fallo de la Segunda Sala.

Esto, porque la AFEP apeló la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 17 de julio. El nuevo dictamen consignó que “el amparado es objeto de un juzgamiento penal en curso por diversos ilícitos de la misma naturaleza al que ya fue materia de condena, circunstancia que impide concederle actualmente la libertad condicional, por no hallarse cabalmente dilucidada su situación procesal penal de manera definitiva”.

Foto: Sergio Cárcamo