Viernes 24 de Noviembre del 2017

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Delicados y cuestionados procesos

 

Delicados y cuestionados procesos

noviembre 3, 2017

Autoridades del Poder Judicial, junto a parlamentarios, insistieron en lo negativa y arbitraria que es la Ley Antiterrorista.

Editorial. El Siglo. Los dos últimos procesamientos de mapuches terminaron con comuneros absueltos y dejados en libertad por pruebas insuficientes y no acreditación sustancial de delitos. Judicialmente se volvió a establecer la inexistencia de hechos terroristas.

Los sonados casos Luchsinger-Mackay y Operación Huracán terminaron, cuando menos, en un bochorno de fiscales y las policías, ya que los tribunales judiciales no pudieron avalar las acusaciones y dejaron fuera de la cárcel a los indígenas acusados.

Sobreexposición comunicacional de las policías, despliegues mediáticos y declaraciones destempladas quedaron reducidas a un rincón deplorable.

Se volvió a repetir la situación de tener encarcelados a mapuches durante meses para que luego salgan absueltos y de montar juicios que terminan en situaciones cuando menos anómalas y de fragilidades de parte de los acusadores y de las indagaciones policiales. Hay que recordar, por ejemplo, que una alta autoridad de Carabineros, respecto a quienes se acusó de actos incendiarios, dijo que todavía vendría más, de lo que hasta ahora no se sabe nada, mientras a quienes culparon hubo que dejarlos fuera de prisión.

Es imprescindible tener en cuenta que todas estas situaciones son conocidas, analizadas y juzgadas por autoridades judiciales competentes, sin ningún sesgo político o de otro tipo, y que se rigen en cuanto a las normativas existentes y dentro del marco de la Constitución.

Junto a todo eso, en las últimas semanas, altas autoridades del Poder Judicial, junto a parlamentarios, insistieron en lo negativa y hasta arbitraria que es la Ley Antiterrorista que algunos insisten majaderamente en aplicar a los comuneros. En el caso del incendio de la casa del matrimonio Luchsinger-Mackay, el tribunal que lleva el caso determinó la existencia de un delito criminal, pero no el “carácter terrorista del ilícito”.

Resulta agresivo a la institucionalidad y las normas legales, que ante estas situaciones, empresarios, latifundistas, personajes de derecha y algunos otros personeros, comiencen a poner en tela de juicio a los tribunales y los jueces, hagan declaraciones de que en Chile no se puede confiar en la justicia o se cree un clima enrarecido.

Puede que a algunos no les guste o no compartan el veredicto de los jueces, y tienen los canales judiciales para insistir en sus tesis, pero de ahí a generar una situación de vulnerabilidad de la ley y cuestionamiento al Poder Judicial, hay un gran trecho.

En este país se debe respetar la presunción de inocencia, se debe cumplir el debido proceso, se deben presentar pruebas contundentes y precisas cuando se acusa a alguien de homicidio y otro acto violento, e incluso se deben tomar medidas respecto a una ya abusiva prisión preventiva que afecta a miles de ciudadanos que después salen en libertad sin condena; eso afecta especialmente a los mapuches.

En Chile ya no hay un régimen dictatorial, ni una Corte Suprema sometida a un poder tiránico, ni fiscales militares encarcelando a inocentes, ni jueces actuando literalmente fuera de la ley. Si alguien quiere volver a esos tiempos y, sobre todo, lanzar encima del pueblo mapuche medidas arbitrarias, represivas, antojadizas y condenadas sin fundamento legal, debe encontrar una muralla que impida injusticias y vulneración de derechos.

Es más, estos sucesos aumentan las dudas y las reticencias frente a las investigaciones policiales, lo que inclusive afecta futuros operativos y arrestos.

Nadie está pidiendo que no se investiguen hechos dramáticos y gravísimos, como la muerte de Werner Luchsinger y Vivian Mackay en un incendio provocado, ni que se dejen de investigar sucesos de violencia. Las policías, los fiscales y los jueces deben cumplir con su labor. Pero esta debe ser seria, consistente, sólida, científica, probatoria, para que se puedan llevar adelante debidamente los procesos y eventuales condenas de reales responsables de los delitos.

Es real que la tensión y los conflictos continuarán en La Araucanía. Ayudaría que las acciones policiales y judiciales sean más eficientes, que se terminen con alardes y provocaciones, y que se cumpla con los procesos como establece la ley. En ello, no ayudan en nada las posturas de pasar por encima de la ley, de continuar criminalizando a los comuneros, de cuestionar al Poder Judicial, ni tampoco la concreción de hechos de violencia que pueden terminar con la muerte de personas.

Una vez más el sentido de las soluciones políticas, de la consagración de derechos, de respeto mutuo, del diálogo (que sea fructífero, por cierto), y del reconocimiento cabal de los pueblos originarios, se instala como un marco necesario y constructivo.

 

 

 

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