Jueves 18 de Abril del 2024
“Lo Más Eficiente Es Terminar Con Las AFP De Una”
El Siglo - 31/03/2017
Manuel Riesco, vicepresidente de Cenda, desmenuza hasta el detalle la realidad del sistema privado de pensiones. Dice que es realista enfrentar un cambio.
Hugo Guzmán R. Periodista. Otra vez salieron cientos de miles a exigir fin a las AFP. Pero ¿cuáles serían, a estas alturas y sintéticamente, las propuestas concretas para cambiar el sistema de pensiones?
Todos reconocen que el sistema no puede continuar como está y se hacen numerosas propuestas para modificarlo. Sin embargo, las pensiones AFP no se mejoran con charlatanería ni espejismos de beneficios futuros que nunca llegan, sino con dinero contante y sonante, seguro, mes tras mes. Muchísimo dinero. Duplicar su monto promedio actual, que es más o menos lo que se necesita hoy para igualar en promedio los beneficios que ofrece el antiguo sistema a personas con historias laborales similares, requiere desembolsar 250.000 millones de pesos mensuales adicionales, que es el monto que las AFP y compañías de seguros pagaron en pensiones en enero del año 2017. Ese es el acuciante problema social y político que hay que resolver hoy, sin perjudicar la economía ni las cuentas fiscales.
Ese problema no tiene solución en el marco de la capitalización individual. Desde luego, subir la edad legal de jubilación, como proponen casi todos, no mejora las pensiones sino por el contrario, recorta el derecho de jubilar a los 60 y 65 años, mujeres y hombres respectivamente, aunque sea hoy por hoy un derecho formal, puesto que la edad efectiva de retiro es cercana a los 70 años para ambos sexos.
Aumentar las cotizaciones en cinco por ciento para destinarlas al “ahorro”, como proponen las AFP, el Banco Central y el gobierno, no mejora las pensiones actuales ni un sólo peso, con suerte y si no hay crisis de por medio, las mejoraría un poco en treinta años más. Aunque sea de cargo del empleador, incrementa el costo laboral con un efecto negativo sobre el empleo y los salarios, como ha reconocido el propio Banco Central, lo cual resulta del todo insensato cuando la economía está entrando en recesión. Los grandes grupos empresariales apoyan esta medida porque las AFP les transfieren de vuelta parte de lo recaudado en forma de préstamos y capital accionario, es como cambiarse el dinero de bolsillo, pero las PYMEs pagan el grueso de las cotizaciones y no reciben nada a cambio.
Cargar el mejoramiento de las pensiones al fisco mediante cualquier mecanismo, como aumentar el pilar solidario, jubilación de cuarta edad o lo que sea, resulta asimismo irresponsable en momentos en que las cuentas fiscales están estrechas. El monto requerido para duplicar las pensiones, además, equivale a una vez y media el presupuesto fiscal de educación superior completo.
Por estos motivos, las únicas propuestas realistas son aquellas que recuperan para el Estado y el pago de pensiones, las cotizaciones previsionales obligatorias, que son el segundo impuesto que más dinero recauda (seis billones de pesos el año 2016) después del IVA ($13,5 billones el 2015). Esa es la esencia de restablecer el sistema público basado en el esquema de reparto, que es el que utilizan todos los países del mundo y que recogen la propuesta C de la Comisión Asesora Presidencial (Comisión Bravo) presentada allí por la Profesora Leokadia Oreziak y la propuesta del movimiento No más AFP, que es muy parecida. Es asimismo lo que sugiere la propuesta Bravo-B, sólo que parcialmente.
Las AFP no son un sistema de pensiones sino un mecanismo diseñado para transferir el grueso de las cotizaciones desde los salarios al sector financiero. Para siempre, sin restitución y beneficiando principalmente a sus administradores, AFP y compañías de seguros. Como se comprueba en el cuadro que sigue, basado en las cifras oficiales de la Superintendencia de Pensiones y Dipres que puede comprobar cualquiera, en enero del año 2017 el sistema de AFP se apropió tres de cada cuatro pesos cotizados, de los cuales los administradores se embolsaron uno en forma de comisiones y primas netas. No lo devolverán jamás, puesto que luego de pagar las pensiones, el mismo excedente se repite mes tras mes, como ha sido desde 1981 y pretenden que siga hasta el día del juicio final.
De las cifras concretas resulta evidente cual es la causa de las bajas pensiones y al mismo tiempo la solución al problema de mejorarlas hoy mismo. Las sólas cotizaciones actuales permiten duplicar las pensiones pagadas, ahorrando al mismo tiempo al fisco 91 mil millones de pesos mensuales en subsidios monetarios directos a las pensiones AFP, cifra que equivale a la mitad del gasto fiscal en educación superior, y un cifra similar en subsidios monetarios indirectos como planes de retiro y otros.
Sin embargo, al terminar el esquema de ahorro forzoso el excedente de cotizaciones a beneficio fiscal es mucho mayor, puesto que tal como propone la propuesta Bravo-C, los fondos remanentes de los actuales pensionados por retiro programado, y aquellos que se traspasaron a compañías de seguros que contrataron rentas vitalicias, deberán continuar aportando los 158 mil millones de pesos mensuales que hoy contribuyen al pago de pensiones, que cubren al 63 por ciento de las mismas; el 37 por ciento restante lo cubren los subsidios monetarios directos, como se aprecia en el cuadro adjunto.
Ello permite asimismo atender la inquietud de las personas que se preocupan por el destino de los fondos acumulados en sus cuentas individuales, de los cuales aparecen formalmente como propietarios. La propuesta Bravo-C en los hechos mantiene para todos los jubilados actuales exactamente el mismo pago actual con cargo a sus fondos de pensiones acumulados, pero suplementa con cargo a las cotizaciones corrientes el saldo hasta completar, en promedio y en proporción a los salarios imponibles, el doble del monto de pensiones actuales.
Del mismo modo, dicha propuesta sugiere que a los actuales afiliados en actividad, el Estado les reconozca el monto total de sus fondos acumulados al momento del cambio de sistema, y todas las cotizaciones adicionales hasta el momento de jubilar, actualizados a una tasa de interés fija, sin jugar a las ruleta de los “mercados”, “nocional” como se las denomina en el sistema sueco. De ese modo, al momento de jubilar, una parte de la pensiones de cada uno dependerá del monto “nocional” de su cuenta individual, igual que ahora, el que será complementado con cargo a las cotizaciones corrientes hasta completar un monto que, en proporción a los salarios imponibles, es el doble de lo actual. Cabe mencionar que las mejoras resultan más del doble en el caso de las mujeres en general y de los empleados públicos en particular, quienes son especialmente perjudicados por el actual mecanismo de cálculo de sus pensiones, y algo menores en el caso de los hombres empleados particulares.
La propuesta Bravo-C (disponible en www.cendachile.cl) demuestra que, utilizando las proyecciones de población más pesimistas, con el muy poco realista supuesto de inmigración cero, por ejemplo, dicha propuesta es sustentable hasta fines del siglo, sin subir las actuales tasas de cotización hasta la próxima década y sin modificar la edad legal de retiro hasta dos décadas más, terminando el siglo con una tasa de cotización 24,5 por ciento y edad de jubilación general de 66 años. Un escenario alternativo, en el que insistió mucho la Profesora Oreziak, muestra que si el aumento inicial del monto de pensiones es 75 % en lugar de 100%, se pueden mantener hasta el fin del siglo las actuales edades de retiro de 60/65 años para mujeres y hombres.
Se afirma que en el sistema de pensiones radica un poder financiero que penetra la economía nacional y que por ello hay que pensar muy bien en cómo cambiarlo.
Por cierto que hay que pensar las cosas bien, pero de allí hay mucho trecho a concluir que es imposible terminar con el ahorro forzoso que se da en llamar “capitalización individual”, como afirman las AFP, muchos economistas y, lo que es más grave, el Banco Central de Chile. Como demuestra un documento que ha preparado CENDA y será presentado públicamente en pocos días más, las terroríficas proyecciones del Banco Central son sesgadas intencionalmente en favor de mantener y acrecentar un esquema de ahorro forzoso con cargo a los salarios.
Ello es manifiestamente inmoral y terminar con ese abuso es la principal razón ética por la cual hay que acabar con el sistema de AFP o cualquier otro esquema de ahorro forzoso. El ahorro forzoso es sólo para los trabajadores, puesto que sólo a quienes ganan menos de dos millones de pesos (75 UF mensuales) se exige aportar el 13 por ciento de sus salarios (12,79 por ciento en enero 2017). A los parlamentarios y otras personas que ganan 10 millones de pesos mensuales se los obliga a cotizar sólo un 2,56 por ciento, apenas 1,28 por ciento a los gerentes de empresas medianas que ganan 20 millones y un mísero 0,85 por ciento a los gerentes de AFP y otras grandes empresas que ganan 30 millones de pesos al mes (ver cuadro adjunto). ¡Los 10 mil trabajadores propios y contratistas de Minera Escondida aportan más al ahorro forzoso de las AFP que todos los parlamentarios, gerentes y otros altos sueldos de Chile! ¡A ver si las defenderán tanto si se los obligase a todos cotizar el 13 por ciento de sus ingresos brutos!
En todas las sociedades civilizadas el ahorro necesario para reponer y mejorar el aparato productivo no es responsabilidad de los trabajadores sino de las élites, que para ello se apropian del excedente. ¡Basta imaginar lo que diría un sindicato si su patrón les recortase el sueldo para renovar sus maquinarias! Pretender cargar el ahorro nacional a los salarios es tanto más inaceptable en el caso chileno, donde la masa de salarios de los cotizantes representa hoy apenas un tercio (35,9 por ciento en enero 2017) del producto interno bruto (PIB), mientras los excedentes de explotación netos de impuestos representan el 54 por ciento del PIB según el Banco Central; en los países desarrollados esa proporción es a la inversa.
Para intentar imponer al sistema político la mantención del ahorro forzoso —lo que obviamente excede las atribuciones de estos funcionarios públicos—, el Banco Central utiliza un modelo que establece una relación de causalidad distorsionada entre el ahorro en general y el crecimiento económico -lo relevante al respecto no es el ahorro sino la inversión y no hay relación mecánica entre uno y la otra-, y asume parámetros sesgados intencionadamente para exagerar hasta lo indecible el efecto del ahorro de los trabajadores en el crecimiento económico.
En estricto rigor, en todas las sociedades, épocas y economías, los trabajadores no ahorran para renovar el aparato productivo o invertir en nuevos negocios —ello siempre ha correspondido exclusivamente a las elites y en la sociedad moderna a los capitalistas, y constituye un deber moral esencial para que su apropiación del excedente sea legítima— sino para adquirir bienes de consumo durables como sus casas o ante cualquier eventualidad mantener a sus familias, incluidos sus viejos. Las cotizaciones descontadas a sus salarios son parte de su gasto para mantener a estos últimos, otra parte lo transfieren al Estado mediante impuestos generales al trabajo y al consumo para financiar las pensiones no contributivas.
La demanda de los trabajadores chilenos no es que otros se hagan cargo de sus viejos, eso lo han hecho ellos siempre y con dignidad en la medida de sus recursos. Su exigencia al decir No+AFP es que les restituyan el dinero que destinan a sus viejos y que las AFP desvían todos los meses al sector financiero y sus propios bolsillos. Al mismo tiempo, exigir a la elite que asuma su responsabilidad secular y destine lo necesario del excedente que se apropia al ahorro e inversión. Otro tanto puede decirse de la gratuidad en la educación, puesto que el sustento de la misma, la cultura y las artes. con cargo al excedente y no a los salarios, es otra responsabilidad moral secular de las elites que los “Hijos de Pinochet” han pretendido eludir y, de acuerdo al programa de su candidato presidencial, pretenden seguir eludiendo.
La catastrofista proyección del Banco Central respecto de los ingresos y egresos del sistema de reparto, que concluye en un defondamiento de las arcas públicas, se basa asimismo en supuestos sesgados intencionalmente. Por el lado de los ingresos olvidan que lo relevante no es el crecimiento de la población total, como suponen, sino el número de cotizantes, que hasta mediados de siglo crecerá un 50 por ciento más que la población de 16 años y más. Sus salarios reales también crecerán y el producto de ambos, la masa salarial, crece y aumentará más rápido que el número relevante de adultos mayores y también que la tasa de interés real que se podría lograr de los supuestos ahorros. De esta manera, las sólas cotizaciones permiten solventar pensiones inicialmente más elevadas y crecientes al ritmo de los salarios. Por el lado de los egresos, olvidan que parte de los adultos mayores, más de la mitad en la actualidad sin contar los militares, son atendidos por el sistema público no contributivo. Asimismo, al sistema de reparto le imponen tasas de cotización y edades de retiro constantes hasta mediados de siglo. De este modo, concluyen evidentemente en déficits insostenibles que cargan sobre el presupuesto fiscal, que es el “método” usual de los que intentan “demostrar” la supuesta “quiebra” de los sistemas de reparto en todo el mundo.
Finalmente, en su evaluación comparativa de los resultados del ahorro forzoso y el reparto, olvidan el principio esencial de evaluación comparativa de cualquier conjunto de proyectos, que obviamente consiste en exigir a todos ellos beneficios similares. Para avalar el esquema de ahorro forzoso asumen que las pensiones actuales no mejoran, en otras palabras, suponen que el ahorro forzoso, al cual por otra parte atribuyen efectos milagrosos sobre el crecimiento económico, se financia manteniendo las actuales “pensiones miserables”, como las han calificado voceros de las propias AFP, lo cual no aborda el problema planteado ¡que consiste precisamente en mejorar las pensiones hoy! Una comparación adecuada consiste en comparar ambos sistemas con pensiones iguales. Como comprueba la propuesta Bravo-C, el sistema de reparto permite inicialmente duplicar las pensiones promedio y sólo con las cotizaciones sostenerlas a ese nivel respecto de los salarios imponibles hasta fines del siglo, suplementado inicialmente por las pensiones remanentes del sistema de AFP y subiendo moderadamente y a su debido tiempo, que no es ahora ni en la presente década, las tasas de cotización y la edad de jubilación, eliminando al mismo todos los subsidios monetarios. Para comparar ese resultado con la capitalización individual hay que ver cuanto tendría que gastar el fisco para suplementar a ese mismo nivel las pensiones autofinanciadas por la “capitalización individual”. Eso es precisamente lo que hace la propuesta Bravo-C, y demuestra que el déficit fiscal resultante al 2050 equivale en valor presente ¡a seis veces el PIB del año 2013!
Los malabarismos numéricos del Banco Central intentan demostrar lo indemostrable, puesto que sería bastante curioso, por decir lo menos, que un sistema como el de reparto en Chile resultase extrañamente inviable, en circunstancias que funciona desde hace más de un siglo en todos los países del mundo y en todos los más antiguos y desarrollados, dejando cuantiosos excedentes de caja que ayudan a financiar los gobiernos en todos ellos, y también en Chile hasta 1981 dejaba un tercio de sus ingresos como excedente a disposición del fisco o el ahorro de las cajas.
Por cierto, esgrimir al así llamado “envejecimiento de la población” chilena -el que vivamos más es la principal conquista de nuestro doloroso advenimiento a la era moderna-
no es más que un espantajo para incautos. Evidentemente, en cualquier sociedad y momento de su historia sólo los trabajan en cada momento pueden y deben mantener a los que no pueden hacerlo, los que incluyen no sólo a los viejos sino también a los inválidos y a los niños y jóvenes. La proporción entre activos y pasivos, o tasa de dependencia, es hoy la mejor que vivirá Chile en toda su historia, puesto que los activos duplican en número a los pasivos, en circunstancias que en 1970 éstos superaban a aquellos, principalmente porque los niños y jóvenes eran más de la mitad de la población. Si bien a medida que las sociedades se modernizan la proporción de adultos mayores crece continuamente, la de niños y jóvenes disminuye a la par, al tiempo que se incrementa extraordinariamente la productividad del trabajo. Es por eso que los sistemas de reparto han sobrevivido en todos los países desarrollados, que con jornadas laborales cada vez más cortas sostienen adecuadamente el doble de adultos mayores que en Chile, y equilibran ingresos y gastos mediante moderados ajustes periódicos de tasas de cotización y edad de jubilación ¡pero en el momento en que se requieren, no treinta años antes! Evidentemente podemos hacer lo mismo.
¿Se trata de comenzar a cambiarlo en un proceso hacia adelante, o hacer una transformación de una?
Lo más eficientes es terminar con las AFP “de una” y trasladar a todos sus afiliados al Instituto de Previsión Social (IPS). Éste perfectamente puede administrar recaudaciones y pagos sin gran costo adicional puesto que hace más recaudaciones, todo el FONASA, por ejemplo y paga más beneficios que las AFP. El BC puede administrar los fondos al igual que el resto de los fondos soberanos. La sóla eliminación de las comisiones de administración de las AFP (62.543 millones de pesos en enero 2017) permitirían reajustar las pensiones en 25 por ciento. La recuperación del impuesto al trabajo destinado a las pensiones permitiría duplicar las pensiones y ahorrar todos los subsidios directos.
Deben haber respuestas económicas y técnicas, pero termina siendo un tema político. ¿Hay que generar una correlación de fuerzas para lograr el cambio en el sistema de pensiones? Pensando en decisiones de un gobierno, votaciones en el Congreso, movilizaciones.
El problema político principal de hoy para la coalición gobernante es proyectarla hacia un nuevo mandato, lo cual resulta imposible si el gobierno no cumple con la palabra comprometida con el pueblo en su programa de reformas. La acción decidida del gobierno respecto a las reformas es la clave para modificar favorablemente la correlación de fuerzas. Ello se puede lograr mediante la presentación de proyectos de ley avanzados que demuestren su voluntad de cambios, aunque ellos no alcancen a aprobarse en el actual parlamento. Al mismo tiempo, el gobierno puede tomar todas las medidas administrativas y presupuestarias a su alcance que demuestren la misma voluntad. Sólo así el pueblo confiará nuevamente en las promesas de campaña de los candidatos presidenciales y parlamentarios de la coalición.
La Presidenta puede enviar proyectos de ley con los contenidos de las propuestas más avanzadas de sus propias comisiones asesoras, en materias como AFP, ISAPRE y Litio, entre otras. En el caso de las pensiones, en lugar de pretender un acuerdo que deje contentas a las AFP y al gran empresariado, puede presentar un proyecto en base a las propuestas B y C de la Comisión Bravo.
Desde luego, el proyecto que pergueña Hacienda no dejará contento a nadie y resulta inviable en las actuales circunstancias económicas puesto que se basa en aumentar el costo laboral con grave efecto sobre el empleo y remuneraciones, para luego repartir la recaudación entre un aumento todavía mayor del ahorro forzoso, que es lo que busca el gran empresariado y el Banco Central, y una eventual mejora pequeña de las pensiones. Ello es empeorar las cosas en lugar de arreglarlas y tampoco va a lograr aprobarlo en el parlamento actual, o sea, no va a mostrar voluntad de cambio real y tampoco va a lograr una nueva ley. Otro tanto ocurre con la ley de educación superior, que cada vez retrocede más aún antes de presentarse.
Lo más efectivo son las medidas administrativas y presupuestarias que la Presidenta tiene a su mano. De partida puede reactivar la economía mediante un paquete de gasto adicional parecido al que el Ministro Velasco implementó el 2009. Obviamente, puede terminar con los créditos y becas educacionales y redestinar todos esos fondos a gratuidad, con lo cual puede extenderla a dos tercios de los estudiantes y a nueve de cada diez deciles de ingresos. No sería mala idea dejarle ese piso a cualquier gobierno futuro. En el caso de pensiones, hay medidas que pueden mejorarlas sustancialmente hoy:
1) Flexibilizar los requisitos para regresar al sistema antiguo, lo cual sería acogido con gran alivio por cientos de miles de personas, en su gran mayoría mujeres, que han cumplido su edad legal de retiro y no pueden jubilar por las bajas pensiones AFP. Estos requisitos se han ido haciendo cada vez más arbitrarios y exigentes, lo cual resulta muy injusto además, puesto que a principios de los años noventa muchas personas, incluidas no pocas autoridades y parlamentarios de la época, regresaron al sistema antiguo mediante mecanismos que luego se fueron cerrando uno tras otro. Dicha medida no tiene costo fiscal sino al revés, puesto que el fisco recibe los fondos de pensiones completos de los que se cambian, que hoy van en su mayoría a compañías de seguros.
2) Cambiar las tablas de expectativa de vida las que se han elevado artificialmente para reducir las pensiones, lo que se demuestra por las “herencias” que actualmente dejan los pensionados fallecidos. Especialmente hay que cambiar las tablas de los jubilados por retiros programados que, puesto que tienen en promedio menores ingresos que los de rentas vitalicias, por cuya expectativa se rigen en la actualidad, y obtendrían de este modo mejores pensiones, lo cual no agrada a las compañías de seguros que se apropian de todos los fondos de quienes contratan estas últimas. Se puede asimismo establecer una tabla única que beneficiaría a todas las mujeres.
¿Qué le parece la propuesta de Camila Vallejo de rebajar las horas laborales? ¿Afectaría la productividad?
La propuesta es buena y adecuada al actual momento económico recesivo, como lo demuestra que medidas similares se implementaron en Francia, por ejemplo, en circunstancias parecidas. Obviamente no afecta la productividad por hora, sino requiere más ocupados para las mismas horas.
En la arena política y la batalla presidencial es recurrente hablar de que el país no crece, que estamos en un hoyo. ¿Cuál es su diagnóstico y proyección respecto al tema del crecimiento?
La causa principal de los problemas es el flujo negativo de capitales especulativos, que inundaron los países emergentes durante la crisis secular de las economías desarrolladas en los años 2000, insuflando precios de materias primas, monedas y bolsas de valores, y promoviendo un exagerado endeudamiento de los grandes grupos privados. Al iniciarse la recuperación de las economías principales en la década en curso, dicho flujo se revirtió, derrumbando lo que había elevado antes.
Repatriar gradualmente los fondos de pensiones, como propone la alternativa Bravo-C, es una de las formas de revertir esta situación.
Nadie desconoce que un problema tremendo en Chile es la desigualdad, la inequidad. ¿Sigue la disputa entre tener paliativos o medidas parche ante eso o encarar un cambio estructural?
Terminar con el ahorro forzoso, que transfiere mes a mes y para siempre 400 mil millones de pesos desde los salarios al sector financiero, es la principal medida para mejorar la distribución del ingreso.
¿Coincide en que el tema de fondo para la justicia social y la equidad económica, entre otras cosas, es enfrentar el cambio de modelo de desarrollo del país?
Lo principal, por cierto, es re establecer un modelo de desarrollo basado en la producción de valor agregado por trabajo de nuestra ciudadanía aplicado a producir bienes y servicios, en lugar de depender de la veleidosa renta de nuestros recursos, apropiados sin pago por un puñado de empresas para remate.
¿Dónde situará ejes económicos ineludibles en un programa de gobierno?
Programa de cinco puntos no más, para que una amplia coalición progresista pueda rectificar las distorsiones heredadas de la dictadura que los gobiernos democráticos no han corregido y/o han agravado, provocando el estancamiento del país y la indignación del pueblo.
1. El valor agregado por el trabajo en la producción de bienes y servicios que se venden en mercados competitivos es el origen exclusivo de la moderna riqueza de las naciones (Adam Smith): Promoverlo, protegerlo y regularlo desde el Estado, apoyando especialmente las PYMEs, exigiendo por ley integración nacional en insumos y refinación de productos mineros y reorientar el desarrollo nacional hacia adentro de América Latina.
2. Los recursos naturales pertenecen a todos y su renta debe ser capturada íntegramente por el Estado (David Ricardo): Algún día la propiedad privada de un trozo del planeta será considerada tan inmoral como la propiedad de otro ser humano (Marx), pero por ahora podemos empezar expropiando SQM, derogando las infames leyes de concesiones pesquera y especialmente minera y reservando la explotación de todos los recursos estratégicos, el cobre en primer lugar, a empresas del Estado o asociaciones controladas por éste (Informe Comisión Litio).
3. Los salarios son sagrados, no se tocan: Es la norma moral esencial que debe respetar cualquier élite para legitimar su apropiación del excedente, parte del cual tiene la obligación de destinar al ahorro nacional y otra parte a sostener la educación, arte y cultura. Empecemos terminando con las AFP, que son ahorro forzoso de los asalariados, la educación pagada, y los intereses usurarios de créditos de consumo.
4. Las personas nacen y permanecen libres e iguales ante la ley (Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789): En Chile hay que terminar con el apartheid de los Hijos de Pinochet y reemplazarlos por una nueva élite a la que se acceda por mérito y no por cuna.
5. La soberanía reside en el pueblo, es una e indivisible, imprescriptible e inalienable. El pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar la Constitución (Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1793). Para realizar hoy todo lo anterior empecemos con un plebiscito para convocar una asamblea constituyente y autorizar disolver el parlamento al menos una vez en cada mandato presidencial.
Si la Nueva Mayoría quiere aspirar nuevamente a la confianza del pueblo, el gobierno de la Presidenta Bachelet debe salir de su inmovilismo y empezar a actuar ahora en esta dirección.
¿Es posible en un país como Chile tener el dinero para una reforma en educación, en salud?
La reforma de pensiones terminando las AFP no cuesta dinero, al revés, ahorra los enormes subsidios monetarios fiscales actuales a ese sistema. El dinero de educación ya existe en el presupuesto, el problema es que se entrega en forma de vouchers, créditos y becas en el caso de educación superior. En el caso de salud, hay que redestinar el mismo 7 por ciento a un fondo único y no a las ISAPRE. Y así sucesivamente.
Publicado por : www.elsiglo.cl
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