Miercoles 17 de Abril del 2024
EL ESCÁNDALO DE MILLONARIOS CHILENOS
Categoría: País Publicado el Viernes, 22 Abril 2016
Escrito por Hugo Guzmán.
Hugo Guzmán. Santiago. 22/04/016. En el caso “Panama Papers” aparecieron mencionados el dueño de El Mercurio, el ex presidente del gremio de los empresarios, el ex jefe financiero de la DINA, un ex ministro de Pinochet y controladores de Ripley, BCI y Sky Airline.
Alfredo Ovalle, ex presidente del gremio empresarial del país y de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), creó una sociedad “offshore” para llevar dineros a “paraísos fiscales” en una operación de especulación financiera. Para ello, se asoció con el abogado Raimundo Langlois, conocedor de esos negocios, y con el que fuera jefe del Departamento Financiero de la DINA, el organismo represor de la dictadura, y ex oficial de la Armada, Humberto Olavarría.
Al igual que ellos, y con el mismo domicilio político, el ex ministro de Hacienda del régimen militar, Hernán Büchi, apareció mencionado en sociedades “offshore” con el objetivo de obtener utilidades especulativas. Büchi fue aspirante presidencial de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y hasta hace poco director del consorcio Soquimich, desde el cual se traspasó dinero irregular a personeros de varios partidos políticos para campañas electorales. Desde Soquimich salió dinero para otro candidato presidencial de la UDI: Pablo Longueira, hoy procesado por cohecho debido a indicaciones recibidas desde el consorcio para la redacción de la modificación a la ley del royalty cuando era senador.
Del mismo círculo de poder, Agustín Edwards, dueño del periódico El Mercurio, promotor y aliado de la dictadura y de la UDI, desarrolló la sociedad “offshore” “Aladin Marine Corporation”, en las Islas Vírgenes Británicas.
Son algunos de los millonarios chilenos y personajes vinculados a la derecha que aparecieron en la lista revelada en el caso “Panama Papers” (Papeles de Panamá) de sociedades destinadas a la colocación e inversión de altas sumas de dinero en “paraísos fiscales”, en este caso utilizando servicios o nexos con el bufete panameño de abogados Mossack Fonseca.
Los datos se conocieron por información obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) -que coordina a un centenar de medios de prensa en todo el mundo, entre ellos al Centro de Investigación Periodística (CIPER) de Chile- sobre antecedentes y documentos de Mossack Fonseca. Se trata de 214 mil 488 sociedades “offshore” de alrededor de 200 países y de 11.5 millones de documentos conocidos y analizados por decenas de periodistas de medios ligados a ICIJ. Los informes sobre millonarios y personeros chilenos se pudieron conocer por un amplio reportaje publicado por CIPER.
La lectura del trabajo de CIPER permitió conocer la lista de empresarios, abogados, personeros de la derecha, entre otros, que desde Chile crearon, desarrollaron, integraron o utilizaron sociedades “offshore” para sacar decenas o cientos de millones de dólares del país y realizar la operación de especulación financiera para obtener altas ganancias. Debido a falta de información, debilidades en la legislación vigente, secretos bancarios y financieros (que son legales), no se puede conocer a ciencia cierta el carácter y el monto de esos negocios especulativos de los chilenos, pero se sabe que el bufete Mossack Fonseca sirvió para evadir impuestos, lavar dinero, esquivar obligaciones tributarias y efectuar operaciones “opacas”.
Lo que llama la atención es que prácticamente todos los nombres aparecen vinculados a áreas financieras en los tiempos de la dictadura, incluida la DINA, a organismos empresariales, a la derecha política y a importantes entidades empresariales, financieras y del mundo privado del país. No es gratuito o menor que el ex presidente de la Confederación de la Producción del Comercio aparezca haciendo negocios millonarios con el antiguo jefe del Departamento Financiero de la DINA.
Un listado peculiar
Junto a Ovalle, Edwards, Büchi y el ex jefe de finanzas de la DINA, figura la familia Calderón propietaria de Ripley; Luis y Lentiur Meier, dueños del Casino de Talca y de “Australis Limitada” (máquinas de juegos de azar); el abogado Gonzalo Delaveau, quien al conocerse la información tuvo que renunciar como presidente de Chile Transparente; Isidoro Quiroga, de acuerdo con CIPER, “propietario de enormes cantidades de agua desde Antofagasta a Coihaique”, que le dio ganancias por 25 millones de dólares después de recibir desde el Estado la propiedad del agua; René Kreutzberger, beneficiario del “trust” Mashe Nishar, hermano del popular animador televisivo, Mario Kreutzberger; el futbolista Iván Zamorano, que habría operado con un “offshore” activo hasta el 2005; Jurgen Paulmann, fundador y controlador de Sky Airline, que generó una sociedad para operar en “paraísos fiscales”; el empresario Alfonso Torrealba, que “creó la sociedad Discosa International Corp. en Islas Vírgenes Británicas, justo un mes después de que un grupo de ejecutivos de Enersis -entre los que se encontraba José Yuraszeck- concretaran la millonaria operación de venta de acciones de Endesa”, conocido como el Caso Chispas; también en los archivos del bufete panameño figuró el empresario y financista Luis Enrique Yarur, presidente del Banco de Crédito e Inversiones (BCI).
Todos ellos, según el reportaje de CIPER, son parte de las 200 sociedades “offshore” originadas en Chile. No se sabe o no se informó de las sumas de dinero comprometidas en esas operaciones que, sin duda, son millonarias. En todo caso, como reportó CIPER, hasta 2015 existían antecedentes de 11 mil 200 millones de dólares declarados en el país por inversiones financieras en Panamá, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.
Algunos de los mencionados, como Alfredo Ovalle, ex presidente de la empresarial y patronal Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Hernán Büchi, asesor económico de la derecha, Agustín Edwards y otros empresarios, se opusieron a la reforma tributaria que elevaba algunos impuestos para recaudar recursos hacia el Estado para políticas sociales, se opusieron a la reforma laboral y mantienen una postura de defensa del sistema económico y financiero liberal, de mercado y especulativo financiero.
Cada caso de estos hombres de negocios especulativos, es un caso. Por ejemplo, Isidoro Quiroga logró adquirir, vía trámites y otorgamientos por parte de la Dirección General de Aguas, de derechos de agua entre la VI y X regiones; luego le vendió el agua a empresas mineras y obtuvo cientos de millones de dólares en utilidades…muchos de los cuales fueron a parar a “paraísos fiscales”.
La lista que se pudo conocer por el trabajo de CIPER a partir de los documentos a los que accedió el ICIJ, podría ser incompleta. De hecho, se presume que no establece los nombres de todos los chilenos que tuvieron o tienen sociedades “offshore” para operaciones en “paraísos fiscales” porque el Papeles Panamá se trató solo del bufete Mossack Fonseca y hay otras oficinas de abogados, entidades financieras y de otro tipo que se dedican a esas negocios especulativos.
Porque, por ejemplo, habría que agregar a la lista de “inversionistas” en “paraísos fiscales” a otro aspirante presidencial del UDI, Laurence Golborne, quien fue socio en la empresa Sunford Managment Corp, realizando operaciones financieras especulativas en Islas Vírgenes Británicas. Esa situación le costó tener que abandonar las pretensiones presidenciales.
EEUU habría financiado el reportaje de “Panama Papers”
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, USAID) entregó financiamiento al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con sede en Washington, para que unos periodistas realizaran labores de “hackear” los archivos computacionales del bufete de abogados panameños Mossak-Fonseca.
Eso derivó en la difusión de más de 11 millones de documentos en que se involucró a personajes de decenas de países en sociedades financieras para llevar dinero a los “paraísos fiscales”, muchas veces violando disposiciones financieras locales y cometiendo delitos tributarios. La información fue publicada por alrededor de 100 medios de prensa ligados al ICIJ que ahora aparece vinculado a una de las entidades estadounidenses más importantes en política internacional y en operaciones de información.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Toner, admitió que USAID financió a los periodistas que “hackearon” computadoras de Mossak-Fonseca y dieron paso al ya conocido “Panama Papers”. Esto, de inicio, provocó reacciones negativas por lazos financieros de la entidad periodística internacional con un organismo del Gobierno de Estados Unidos. Toner justificó la acción diciendo que la USAID (que depende del Departamento de Estado) colaboró con los periodistas de ICIJ porque se trataba de “investigaciones periodísticas independientes” y no de “perseguir ciertos objetivos o personas”.
Conocido el vínculo USAID-ICIJ, en medios de prensa se escribió que la afirmación de Gerard Ryle, director del consorcio periodístico, de que trata de “demostrar que el periodismo se puede hacer de manera responsable”, perdió veracidad. “Aquí no hubo investigación periodística, hubo un acto ilegal de ‘hackear’ y eso no es correcto”, afirmaron varios medios y periodistas en distintas partes del mundo.
En contrapunto, Wolfgang Krach, coeditor en jefe del diario alemán Sueddeutsche Zeitung, declaró que no se sabe a ciencia cierta la procedencia de los 11 millones de documentos de Papeles de Panamá, pero aludió a una persona que desde el anonimato, entregando un nombre falso, llegó al periódico, ofreció y luego entregó toda la información publicada.
El periodista precisó que “no sabemos cómo esta fuente obtuvo la información”. Añadió que no podía confirmar o desmentir que los documentos se obtuvieron por la vía de “hackear” los computadores y archivos de Mossack Fonseca. “No sé si es el caso” indicó el editor periodístico.
En algunos medios internacionales se dijo que el “hackeo”, independientemente del efecto que pueda tener, es ilegal. Wolfgang Krach declaró que “no sabemos si esta fuente obtuvo acceso legal o ilegalmente, simplemente no sabemos”.
La información permitió conocer inversiones, transacciones y operaciones financieras irregulares, éticamente condenables y políticamente cuestionables, en que aparecieron involucrados jefes de Estado, directores de trasnacionales, grandes empresarios, dueños de medios de prensa, deportistas, artistas, ministros y directivos de organismos de la sociedad civil.
La USAID tiene una larga historia negativa en América Latina, el Caribe y otras partes, con denuncias y procesos judiciales muy recientes por acciones ilegales, injerencistas y de espionaje que provocaron su expulsión de Bolivia en mayo de 2013, de Rusia en 2012, y condenas unánimes por el proyecto subversivo de Twitter Cubano, conocido como ZunZuneo. Esta entidad lleva años destinando centenares de millones de dólares en acciones comunicacionales en contra de Cuba.
Publicado por: www.elsiglo.cl
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